Uno de los puntos que más fricción genera con las provincias es la reducción de las alícuotas de Ganancias para las empresas. El paquete contempla bajar el impuesto a las sociedades del 35% al 31,5%, una medida que, según advierten gobernadores aliados, implicaría una pérdida estimada en 1,2 billones de pesos para las arcas provinciales. El respaldo político aparece atado a ese impacto fiscal.
En el poroteo fino, el oficialismo cuenta con 21 senadores propios, a los que sumaría tres del PRO y siete de los diez radicales. Con el apoyo de Sáenz y Figueroa, el Gobierno calcula que podría llegar a 33 votos, aunque todavía necesitaría al menos cuatro más, que podrían provenir de provincias como Misiones, Chubut y Corrientes, en un escenario atravesado por resistencias internas en la UCR y en bloques provinciales.
Otro tramo sensible del proyecto es el que redefine la ultraactividad de los convenios colectivos. Se estableció que se mantendrán por un año las cláusulas normativas, vinculadas a condiciones laborales, pero no las obligaciones económicas, como los aportes solidarios que muchas empresas realizan a cámaras empresariales y gremios. A eso se suma el reclamo de varios bloques para modificar el financiamiento del Fondo de Asistencia Laboral, con la discusión abierta sobre que no se cubra con recursos que deberían ir a la Anses.
En paralelo, la mesa política del Gobierno resolvió este lunes incorporar al temario de extraordinarias las modificaciones a la Ley Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que ambos proyectos estarán en agenda, un movimiento que amplía el frente de negociación y obliga al oficialismo a acelerar acuerdos en un calendario cada vez más ajustado.