Entre las demandas se incluyen un salario base de entre $1.800.000 y $1.900.000 para frenar la ola de renuncias (que ya supera los 220 profesionales en los últimos meses), el fin de la precarización laboral de residentes y becarios, la reapertura de instancias de diálogo con funcionarios del ministerio de Salud y la garantía del funcionamiento pleno del hospital.
Desde el gremio destacaron que el respaldo a la medida se amplió en las últimas semanas. "Universidades, gremios docentes, sindicatos de prensa, organizaciones de jubilados, colectivos sociales, culturales, feministas y agrupaciones políticas de todo el país han enviado su apoyo", indicaron.
Entre las organizaciones que se sumaron se encuentran FESPROSA, SIPREBA, SIPRUS Santa Fe, APTS San Luis, ASPROSA Santa Cruz, UTS Córdoba, SUTEBA Tigre, CICOP y UTEP, entre muchas otras. También adhirieron colectivos feministas como Ni Una Menos, referentes de derechos humanos, agrupaciones estudiantiles y legisladores como Esteban Paulón (PS) y Cele Fierro (MST-FIT Unidad).