"Entre los principales cambios se encuentran la simplificación del sistema de autorizaciones para las empresas que quieran participar del mercado del GLP. Ahora, el cumplimiento de los requisitos fijados por la normativa será suficiente para operar. La Autoridad de Aplicación verificará la veracidad y el cumplimiento de esa documentación, e indicará las subsanaciones que correspondan dentro de un plazo de diez días hábiles desde su presentación. Transcurrido ese período sin observaciones, se considerará aprobada, otorgándose el silencio sentido positivo", indicó el Gobierno a través de un comunicado oficial.
El Ejecutivo argumentó esta iniciativa en buscar darle libertad a los fraccionadores para que, "sin intervención del Estado, establezcan el mejor mecanismo para el canje de envases, indispensable para asegurar que los recipientes circulen en condiciones técnicas adecuadas, y que puedan ser reutilizados conforme a las normas de seguridad".
La norma establece que se liberan las exportaciones de GLP una vez garantizado el volumen de abastecimiento interno; al tiempo que se eliminan los precios de referencia, porque son los privados los que están en mejores condiciones para negociar y fijar los precios.
"De esta forma, con esta desregulación, se reorienta el rol del Estado hacia funciones esenciales de seguridad y fiscalización técnica y se devuelve al sector privado la libertad operativa y comercial. Así se promueve un modelo de abastecimiento eficiente, competitivo y transparente; que genera condiciones más propicias para el desarrollo de la industria y la mejora en el servicio al consumidor", concluye el documento oficial.