En esa línea, señalaron que "el barrio de Constitución carece de capacidad operativa para un dispositivo permanente de custodia", más aún cuando "la detención de una figura política de alta visibilidad atrae concentraciones masivas de partidarios y de opositores en una zona intermodal ya congestionada".
Para reforzar este argumento, citaron que "a partir de la vigilia iniciada el 10 de junio se registró una notable exigencia operativa con un promedio diario de 80 efectivos asignados, que alcanzó picos de hasta 60 uniformados", además de reportarse "incidentes" y "numerosas denuncias vecinales por molestias y ruidos excesivos".
"No nos podemos desentender del impacto social negativo que la modalidad de ejecución de la pena dispuesta ha producido, no solo por no respetar la regla de cumplimiento efectivo de las penas, sino también por la desvirtuación que se advierte en el modo en que se viene cumpliendo la detención domiciliaria", concluyeron los fiscales.