Según estimó el CEPA, el bono a otorgar en julio debería ser de 94.325 pesos para que los jubilados puedan recuperar el poder adquisitivo perdido. Es decir, casi 25.000 pesos más que el que realmente será entregado. El monto extraordinario perdió el 35 por ciento de su valor.
Con el traspaso de deuda del Banco Central al Tesoro y con la firme convicción de no convalidar adelantos transitorios, la recaudación debería crecer considerablemente para poder pagar los vencimientos que afrontará de ahora en más. En un escenario de depresión económica, este escenario parece poco probable, por lo que el Gobierno debería cerrar la ecuación financiera a través de una profundización del ajuste. Otra vía para hacer caja sería imponer una nueva devaluación, negada hasta el momento, o tomar deuda externa. Si no deciden, el horizonte es el default.
Al revisar las estadísticas, el gasto previsional parece ser una debilidad para los técnicos que trabajan para el ministro de Economía, Luis Caputo. Por ende, si el Gobierno avanza (aún más) en la reducción del gasto público, no sería extraño que se opte por eliminar el bono en un contexto de baja inflación y presentado como un éxito político. Todo a pesar del desangre del aparato productivo y el consumo.