La reforma laboral también ocupará un lugar central en la mesa. ATE cuestiona que el proyecto contemple cambios como la ampliación de la jornada a 12 horas, el pago de indemnizaciones en cuotas, los acuerdos por empresa en lugar de por actividad y aumentos ligados únicamente a la productividad. Para el gremio, estas modificaciones representan un retroceso en derechos que se sostuvieron durante décadas. Ese paquete de medidas será clave al momento de definir un plan de acción que podría incluir protestas antes de fin de año.
El deterioro de los salarios es otro de los ejes que empuja la discusión. De acuerdo al informe interno, los ingresos de los estatales tuvieron una suba de solo 13,6% en lo que va de 2025, frente a una inflación acumulada del 24,8%. ATE insistirá en reabrir las paritarias de manera urgente para recomponer el poder de compra y evitar que la caída continúe profundizándose. El gremio remarca que la situación se repite en provincias y municipios, donde también se aplican recortes.
En paralelo, la organización analizará lo que considera un avance en materia de persecución gremial. En el documento difundido antes del encuentro se mencionan la detención de secretarios generales provinciales y la denuncia penal presentada por Patricia Bullrich contra Aguiar. La dirigencia buscará fijar una postura conjunta frente a estos episodios, en un escenario de tensión creciente con el Gobierno nacional.
La cita de este jueves será determinante para ordenar la estrategia del sindicato y establecer si se activa o no un paro nacional de estatales en las próximas semanas. El temario ya está cerrado y los representantes provinciales llegarán a San Luis con la expectativa de resolver una respuesta unificada ante la combinación de ajuste, recortes y reformas que atraviesa al sector público en 2025.