Martínez manifestó la preocupación de la CGT por los puntos que incluiría la posible reforma, como los bancos de horas, la aplicación de salarios dinámicos y la habilitación de convenios colectivos por empresa, que podrían complicar la negociación colectiva sectorial y modificar la estructura de las horas extra. Todo en un contexto económico regresivo, con pérdida de puestos de trabajo. “Han quebrado alrededor de veinte mil empresas de distintas actividades. El consumo cae, los bienes transables no son competitivos. La política económica del Gobierno, de abrir fronteras y estar inundados por productos importados, ha generado una recesión importante”, graficó el dirigente.
En la misma línea, el ex ministro de Trabajo de la Nación Carlos Tomada aseguró que “de ninguna manera es el momento adecuado para tratar una reforma laboral”, en un contexto de “destrucción de trabajo sin lugar a duda” y recesión económica.
Tomada sostuvo que esta clase de iniciativas “no resuelve ninguno de los graves problemas que tiene Argentina”, sino que buscan incrementar el beneficio de las empresas a costa de los derechos de los empleados.
El especialista en derecho laboral cuestionó la naturalización del término “reforma laboral” y advirtió que la propuesta podría aumentar la informalidad en un país donde “casi el 50% de los trabajadores son informales”. Asimismo, afirmó que lo que se intenta es “formalizar la informalidad” al convertir en legales situaciones que antes eran consideradas fraude.
Explicó que, figuras como el contrato de locación de obra o servicios, que antes permitían a un trabajador reclamar sus derechos, ahora, “si vas a reclamar a un juez te dicen que tenés un contrato permitido por la ley”.