Con el argumento de combatir el "sobredimensionamiento de la estructura estatal" y lograr "una gestión pública eficaz", el decreto listo a salir elimina también dependencias del área de agricultura (entre ellas, los institutos nacionales de agricultura familiar, campesina e indígena, y el de semillas), y desjerarquiza otras como el INTA y el Instituto Nacional de Vitivinicultura.
Son organismos cuyo trabajo es mejorar la integración económica para regiones, segmentos poblacionales o actividades específicas con algún grado de dificultades o vulnerabilidad. En otros casos, se trata de entidades destinadas a favorecer el acceso a insumos que, de otro modo, quedan monopolizados por grandes corporaciones.
El INTA también perderá autonomía administrativa y financiera, y verá reducidas significativamente sus facultades. Por ejemplo, quedará eliminada su capacidad de "crear servicios de extensión, campos demostrativos o explotaciones piloto", pilares fundamentales de su trabajo en campo para asistir técnicamente a productores regionales.
También será modificado su esquema de conducción, concentrando el poder en una sola persona: el presidente que será designado por el Ejecutivo --cuando actualmente la conducción se ejerce a través de un cuerpo colegiado de diez miembros--. En el directorio, además, se eliminará la representación universitaria específica (Facultades de Agronomía y Veterinaria).