El conflicto gira en torno a tierras familiares con décadas de historia. Se trata de la parcela 22, de 268 hectáreas, sobre la cual —según afirman— existe un informe del año 2021 que reconoce la titularidad de Ariel Nicolás Saboñik. En ese lugar, aseguran, vive la familia desde hace generaciones, construyendo su vida a base de trabajo rural.
“El campo es toda su vida”, relatan allegados, al describir la historia de Nicolás y Blanca Saboñik, una pareja ampliamente conocida en la zona. Con más de 70 años de arraigo, vecinos aseguran que son parte de la identidad misma del lugar.
Sin embargo, el conflicto familiar escaló a niveles impensados. Según el testimonio de uno de los hijos, la relación con su hermano —señalado como impulsor de las acciones judiciales— se quebró en los últimos años, en medio de denuncias por deudas millonarias, venta de bienes y presuntas irregularidades económicas.
La situación tomó un giro aún más dramático cuando, aseguran, el hijo junto a su pareja habría denunciado a los propios padres por amenazas con arma, lo que derivó en una medida cautelar que ordenaba el desalojo. Lo más grave, según denuncian, es que dicha resolución se habría tomado sin que los adultos mayores fueran escuchados.
“La justicia actuó sin siquiera llamarlos a declarar”, sostienen, mientras cuestionan la rapidez del proceso.
El expediente tramita en el Juzgado Civil N°1, a cargo de la doctora Maricel Filichuk. En este contexto, la familia afirma que sólo la presión social logró frenar, al menos momentáneamente, dos intentos de desalojo.
En los últimos días, el operativo desplegado en el lugar generó aún más indignación. Patrulleros, camiones, caballería, bomberos y hasta ambulancias formaron parte de un procedimiento que fue calificado como “desmedido”.
“Parecía un operativo contra delincuentes peligrosos, pero eran dos personas mayores”, señalaron.
Lejos de intimidarse, la familia decidió resistir en el lugar. “Esto es nuestro, es el fruto de toda una vida”, expresaron con firmeza.
El caso no solo expone un conflicto legal, sino también un drama humano profundo. La comunidad local comenzó a movilizarse en apoyo a la pareja, destacando su trayectoria y cuestionando el accionar judicial.
Mientras tanto, el impacto emocional es evidente. “Mi mamá se está apagando. Es como verla morir en vida por todo lo que está pasando”, expresó uno de sus hijos, en un testimonio que refleja la dimensión del sufrimiento.
Con el acompañamiento legal de la doctora Falcón, la familia pide que la justicia revise el caso, escuche a los protagonistas y tenga en cuenta la historia detrás de estas tierras.
Hoy, lo que está en juego no es solo una propiedad, sino la dignidad, la memoria y la tranquilidad de dos personas que dedicaron toda su vida al trabajo y que ahora enfrentan uno de los momentos más difíciles: ser desalojados por su propia sangre.
Nota realizada por Luis Orieta – Radio Gualok FM 101.3