La normativa refuerza los controles sobre la evolución de las plantillas: cada organismo deberá informar trimestralmente la situación de su personal y justificar cualquier cambio en su estructura antes de obtener autorización. En paralelo, se fijó un cronograma de transferencias al Tesoro en cuatro cuotas anuales durante 2026.
El Gobierno introdujo, además, un régimen de créditos “indicativos”, que permite ajustes en determinadas partidas según la marcha del ejercicio, y estableció autorizaciones especiales para movimientos vinculados a gastos de inteligencia.
Por último, se endurecieron los requisitos para obras públicas y compras de bienes de uso, que solo podrán avanzar con dictamen técnico favorable, y se reforzó el sistema de seguimiento de programas, con la posibilidad de frenar pagos ante incumplimientos reiterados en la rendición de información.