Este caso surgió a raíz de una investigación por delitos como evasión fiscal y lavado de dinero, que culminó en numerosos allanamientos y detenciones, incluyendo a Jorge Castillo y su familia. En paralelo, el juez Armella estableció condiciones estrictas para la reanudación de actividades en La Salada, con supervisiones de diversas autoridades locales y provinciales, así como controles sobre la legalidad de los productos vendidos. Inspecciones previas revelaron que una gran parte de la mercadería allí contenida era falsificada, lo que llevó a una serie de medidas para garantizar el cumplimiento de la ley en las ferias que forman parte de este complejo comercial.