De acuerdo con el texto judicial, al que accedió Página/12, la red troncal nacional se encuentra en estado de abandono como consecuencia de la ausencia de planes de inversión de corto y mediano plazo en infraestructura vial. El argumento central de la acusación penal radica en la retención indebida de partidas con asignación específica. Según lo establecido por la Ley 23.966, el 28,58 por ciento de la recaudación total del Impuesto a los Combustibles Líquidos debe transferirse de forma automática al fideicomiso destinado a la infraestructura del transporte terrestre de toda la Argentina: Fideicomiso de Infraestructura de Transporte para la Red Vial Federal. Sin embargo, la denuncia detalla que el Palacio de Hacienda retuvo cerca de 400.000 millones de pesos durante los ejercicios fiscales correspondientes a los períodos recientes. Dichas partidas habrían sido desviadas hacia la compra de instrumentos de financiamiento, tales como letras y bonos emitidos de forma regular para sostener las cuentas del Tesoro nacional.