El documento decía que los fondos remitidos por Rodríguez Blanco “desde Bitget hacia la dirección de firma múltiple CPE1 (de Novelli y Terrones Godoy) efectuados aquel 4 de febrero podían constituir “eventuales pagos indirectos a funcionaros públicos a los fines de la concreción de los hechos investigados…”. Destacaba que “la intermediación” podría haber facilitado la salida de efectivo para “evitar el rastreo en la blockchain correspondiente, considerando las coincidencias temporales con la apertura de las cajas de seguridad por parte de Novelli”. La madre y la hermana de Novelli, que habían ido con él a abrir las cajas de seguridad, las vaciaron el 17 de febrero, tres días después del escándalo.