El artículo en cuestión expresa que "será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones".
Este martes, en la previa del tratamiento en la cámara alta, se filtró que el Gobierno había autorizado a Crexell a ser la embajadora argentina ante la Unesco a cambio del voto a favor de la Ley Bases y el paquete fiscal.El documento fue emitido desde el Poder Ejecutivo a la Dirección general de Asuntos Jurídicos: "Se solicita al honorable Senado de la Nación el acuerdo correspondiente para designar como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario a la señora Carmen Lucila Crexell, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 5° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación".
En tal sentido, en el texto se agrega que "se deja constancia que la señora Lucila Crexell será designada delegada permanente de la República ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, una vez obtenido el correspondiente acuerdo".
La causa por cohecho contra Crexell recayó en el juzgado de Ariel Lijo, uno de los dos postulados por el Poder Ejecutivo para ser ministros de la Corte Suprema de Justicia.