El apuro tiene una razón internacional: el Ejecutivo pretende que Diputados vote la iniciativa antes del 28 de noviembre, cuando se espera un pronunciamiento del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo. El organismo deberá definir si ordena medidas provisionales contra el desarrollo petrolero Sea Lion. Para el Gobierno, una resolución favorable sería una señal política para reforzar la presión sobre las compañías que operan en las islas. En paralelo, Cancillería tramita expedientes contra 60 personas y empresas por actividades hidrocarburíferas, todavía sin resolución.
El proyecto fue enviado en septiembre y obtuvo dictamen el 28 de octubre, luego de pasar por las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal. La secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, fue la principal representante del Ejecutivo durante las negociaciones y responde al asesor presidencial Santiago Caputo, impulsor de la propuesta. El texto original tenía 133 artículos, pero el dictamen quedó conformado por 154.
Uno de los puntos centrales es el título I, que deroga la ley 26.659 y establece un nuevo régimen de sanciones para quienes exploren o exploten recursos naturales sin autorización argentina. Mantiene penas de hasta 20 años de prisión para directores, accionistas, socios y proveedores, aunque las multas se redujeron de entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo a un rango de 2.000 a 40.000. También quedaron excluidos los accionistas con participaciones de hasta el 2% y los fondos de inversión con intervención indirecta, luego de los pedidos de Estados Unidos por la presencia de empresas norteamericanas involucradas.
La iniciativa también crea el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por Javier Milei e integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, el titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica. A pedido de los aliados, se incorporaron como miembros no permanentes los presidentes de ambas cámaras y los gobernadores.
El organismo podrá disponer medidas urgentes ante una "amenaza externa grave", como restricciones cambiarias y financieras, bloqueos de fondos y activos, suspensión de autorizaciones, limitaciones a importaciones y exportaciones y aumentos de derechos aduaneros. También se incorporó un seguimiento parlamentario mediante una bicameral y la obligación de contar con autorización del Congreso para determinadas acciones sobre aeronaves o buques militares extranjeros ante un riesgo inminente de guerra. Este último cambio respondió a un planteo del diputado Eduardo Falcone, del MID.
Sin embargo, siguen dentro del texto otros puntos cuestionados, como el protocolo para derribar aeronaves y hundir buques, la participación de las Fuerzas Armadas en "operaciones no convencionales" y el registro de personas y entidades vinculadas al terrorismo.
El mayor conflicto político está en el título VII, que establece sanciones para extranjeros sin residencia permanente y empresas extranjeras que financien campañas electorales. También contempla penas de cinco a doce años para quienes organicen o financien una "campaña de injerencia extranjera". El dictamen excluyó de esa figura a la diplomacia, el trabajo periodístico, la investigación académica y la defensa abierta de intereses, entre otras actividades.
Pese a esas modificaciones, varios aliados reclaman nuevos cambios o directamente su eliminación. La UCR mantiene observaciones, Argentina Federal pide retirar el apartado y Provincias Unidas llega dividida. En Misiones también cuestionaron el título completo, mientras que el MID de Oscar Zago todavía mantiene reparos sobre el artículo referido a las campañas de desinformación. El PRO confirmó su respaldo, aunque algunos diputados cercanos a Patricia Bullrich no estarían completamente convencidos. Silvana Giudici, una de las articuladoras del proyecto, sí acompañaría la totalidad de la iniciativa.
El problema para La Libertad Avanza es que ese capítulo requiere una mayoría especial de 129 votos, que todavía no tiene asegurada. Por eso, analiza la posibilidad de votar cada título por separado, una alternativa que necesitaría el acuerdo de Labor Parlamentaria o del recinto y permitiría avanzar con las sanciones vinculadas a Malvinas aunque el apartado electoral quede afuera.
Por su parte, Unión por la Patria rechaza los capítulos que exceden la cuestión específica de las islas. El bloque propone modificar la legislación vigente, conocida como ley Solanas, en lugar de crear un régimen nuevo, y cuestiona el mecanismo de desistimiento porque considera que representa "un blanqueo" para quienes exploraron y explotaron recursos sin autorización.
También rechaza la creación del Consejo de Seguridad Nacional y el registro de entidades terroristas, al considerar que deberían discutirse en proyectos separados. Otro de sus cuestionamientos apunta a los artículos que exigirían autorización del Consejo para inversiones de empresas estatales o con participación estatal, una disposición que, según la oposición, afectaría a compañías chinas y a Petrobras Brasil.
La sesión incluye además la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que Diputados deberá resolver después de los cambios introducidos por el Senado. La principal modificación establece que la Cámara alta tendrá la potestad exclusiva de designar y remover a los integrantes del directorio, mediante mayoría absoluta. Los funcionarios tendrán mandatos de seis años, con posibilidad de reelección, y el Ejecutivo podrá realizar nombramientos en comisión mientras se tramita el acuerdo.
El proyecto establece como objetivo central del organismo "la preservación del valor de la moneda nacional", prohíbe el financiamiento al Tesoro y elimina el direccionamiento del crédito y las políticas crediticias diferenciadas. También modifica la distribución de utilidades, establece la cancelación progresiva de las letras intransferibles y los adelantos transitorios y habilita el uso de activos y reservas como garantía para operaciones propias, incluidos acuerdos REPO.
El debate se desarrolla en el tramo final del período ordinario, que termina el 30 de noviembre. El Gobierno convocará a sesiones extraordinarias para tratar el Presupuesto 2027 en el Senado y avanzar con la reforma electoral.