El cronograma tiene plazos ajustados: el viernes 20 de noviembre vence el límite para emitir dictámenes dentro de las sesiones ordinarias, que finalizarán el 30 de noviembre. Si consigue la media sanción en Diputados, el Ejecutivo deberá trasladar el debate al Senado, donde la iniciativa sería tratada durante las sesiones extraordinarias de diciembre.
La organización del calendario se definió después de una reunión que tuvo lugar el jueves 12 de noviembre, encabezada por el jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, junto con representantes del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Argentina Federal y otras bancadas dialoguistas. Allí hubo acercamientos sobre los tiempos parlamentarios, pero las diferencias por el reparto de recursos y las demandas de las provincias siguen abiertas.
Las conversaciones quedaron en manos de los referentes legislativos del oficialismo y de funcionarios nacionales que mantienen contacto con los mandatarios provinciales. Entre ellos aparecen el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La estrategia de la Casa Rosada consiste en ofrecer modificaciones sobre determinadas partidas para conseguir acompañamiento, sin resignar el objetivo de equilibrio fiscal que sostiene la administración libertaria.
Uno de los avances se produjo con el PRO, que consiguió incorporar una prórroga hasta 2032 de los regímenes de promoción para las industrias automotriz y autopartista. Sin embargo, el espacio que conduce Cristian Ritondo todavía reclama cambios en la distribución de recursos, el tratamiento de las deudas de coparticipación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y distintas modificaciones tributarias.
Los bloques provinciales también mantienen sus propias condiciones. Los legisladores reclaman más fondos para obras públicas e infraestructura, además de que la Nación cancele las deudas correspondientes a los fondos previsionales. A esos planteos se suman las diferencias por el financiamiento de las universidades nacionales y las prestaciones destinadas a personas con discapacidad, dos cuestiones que todavía generan resistencias entre los aliados.
En el capítulo educativo, uno de los principales puntos de conflicto es el Financiamiento Universitario. Las universidades nacionales reclaman alrededor de $11 billones para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente, mientras que el proyecto elaborado por el Gobierno contempla $7,5 billones. La distancia entre ambas cifras forma parte de las discusiones que el oficialismo todavía debe resolver.
También generan controversia los artículos del Presupuesto 2027 que plantean modificaciones en las obligaciones de financiamiento estatal para distintas áreas. Las prestaciones destinadas a personas con discapacidad forman parte de esa discusión y continúan entre los temas que complican el entendimiento con las bancadas dialoguistas.
En materia de recursos provinciales, los gobernadores exigen el pago de las deudas previsionales, que ascienden a unos USD 2.899 millones y deben distribuirse entre 13 jurisdicciones. Además, reclaman mayores partidas para infraestructura y obras públicas.
Otro frente de negociación está relacionado con el Impuesto a los Combustibles. Los bloques aliados pidieron cambios en la distribución de los fondos recaudados por ese tributo, especialmente en lo referido al dinero destinado a la conservación y el mantenimiento de las rutas nacionales.
El PRO, por su parte, sumó una serie de planteos tributarios. Entre ellos aparece la eliminación del mencionado impuesto, mientras que otros sectores propusieron reducir del 21% al 10,5% el IVA aplicado a los huevos y sus derivados.
La bancada de Ritondo también pidió establecer mecanismos de intercambio de información sobre billeteras virtuales, con el objetivo de reforzar los controles y combatir la evasión fiscal.
A las demandas de los socios parlamentarios se agregó una iniciativa del presidente del bloque Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad. El legislador presentó una propuesta para incrementar en $6,01 billones los recursos destinados al sistema científico y tecnológico, mediante una reasignación de partidas previstas para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
El planteo apunta a fortalecer el financiamiento de organismos como el CONICET, el INTA, el INTI y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), entre otras instituciones.
En paralelo, el oficialismo pretende convocar a una sesión el miércoles 18 de noviembre para tratar otros dos proyectos: la iniciativa de Defensa de la Soberanía Nacional y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La intención es avanzar con ambas propuestas antes de concentrar los esfuerzos parlamentarios en la discusión del Presupuesto, cuya votación en Diputados está proyectada para el 25 de noviembre.