El conflicto por el asbesto en la red de subterráneos lleva casi una década. El material, prohibido en la Argentina desde 2003 y causante de enfermedades como el cáncer de pulmón y el mesotelioma, salió a la luz en febrero de 2018 cuando se detectó su presencia en los coches CAF 5000 que habían circulado en el Metro de Madrid y luego en la línea B. Desde entonces, el gremio presentó un amparo ambiental y contabilizó cinco fallecimientos hasta agosto de 2025, cuando murió Walter Berhovet. A pesar de que se retiraron unas 500 toneladas de asbesto desde 2018, el sindicato sostiene que el material sigue presente en formaciones de las líneas B y C, tableros eléctricos y subestaciones.
Frente a este panorama, los trabajadores exigen una serie de medidas urgentes para garantizar su salud y la de los usuarios. El pliego de reclamos incluye el retiro total del asbesto de toda la red, el reemplazo de las flotas contaminadas, la inclusión de todo el personal activo y jubilado en el Relevamiento de Agentes de Riesgo (RAR) y una reducción de la jornada laboral para acortar el tiempo de exposición al mineral. El paro del jueves se suma a otras protestas recientes, como la denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en octubre y un paro en la línea C para exigir el retiro de dos formaciones contaminadas que, según el gremio, siguen en circulación.
El Gobierno de la Ciudad, por su parte, sostiene que aplica un plan de desasbestizado desde que se detectó el problema. Según la información oficial, en las flotas de las líneas A, D y H no se encontró asbesto, y ya se completaron los trabajos en los trenes Mitsubishi y CAF 6000 de la línea B, Nagoya 5000 de la C, Fiat de la E y Materfer del Premetro. Además, la Ciudad afirma que los estudios de calidad de aire y las mediciones al personal dieron «siempre muy por debajo» del límite legal. Sin embargo, para los trabajadores y sus representantes, la muerte de Pauer demuestra que la exposición continúa cobrándose vidas y que las medidas implementadas hasta ahora resultan insuficientes para proteger la salud de quienes sostienen el servicio.