El antecedente laboral de la empresa no es alentador. En marzo de 2014, Rama Caída ya había reconocido atrasos salariales, que atribuyó a la caída de las ventas y a las demoras en las cobranzas. Aquel conflicto derivó en una retención de tareas y luego en un juicio laboral que tuvo sentencia favorable a un extrabajador en 2017. La sombra de esos episodios se proyecta sobre la crisis actual, donde la incertidumbre sobre el pago de salarios y la continuidad de los puestos de trabajo se convierte en la principal preocupación para las familias que dependen de la sidrera.
La orden de la Justicia de incorporar a un representante de los trabajadores al comité de control constituye, por ahora, la única herramienta institucional con la que cuenta el plantel para monitorear el destino de la empresa. Sin embargo, el horizonte no es sencillo: el concurso preventivo establece que los acreedores podrán presentar sus solicitudes de verificación de créditos hasta el 2 de febrero de 2027, y será en ese marco donde se definirá qué deudas se reconocen y con qué privilegios. Para los trabajadores, la prioridad será que sus acreencias laborales, de carácter alimentario, queden resguardadas frente a otros compromisos comerciales.
Mientras tanto, la actividad de la empresa, que también elabora vinos de la línea Cepas de Rama Caída y la cerveza Del Pico, deberá sostener su operatoria para afrontar la crisis. La continuidad de la producción y el mantenimiento de las fuentes de empleo dependerán de la capacidad de la firma para generar ingresos en un contexto de caída del consumo, y de que el proceso judicial permita reestructurar la deuda sin destruir el entramado productivo. La historia de Rama Caída, con casi 80 años de trayectoria, se juega ahora en los tribunales, mientras sus trabajadores aguardan que la crisis no se traduzca en una nueva ola de despidos.