La crisis también comprometió recursos públicos. El Instituto de Previsión Social mantenía inversiones cercanas a 355 millones de dólares en Ueno Bank, equivalentes aproximadamente al 9 por ciento de su cartera. La entidad administraba, además, el pago de haberes de unos 32.000 jubilados. También quedaron involucrados fondos de la Administración Nacional de Electricidad y de la represa binacional de Itaipú.
Pero las consecuencias económicas son apenas una parte del problema. El escándalo alcanzó directamente al presidente Santiago Peña, quien había sido accionista de Ueno Holding y mantuvo vínculos empresariales con el grupo hasta marzo de 2025. Las sospechas se profundizaron porque, después de asumir la Presidencia, designó al entonces titular de Ueno Bank, Carlos Carvallo, al frente del Banco Central, organismo encargado de supervisar a las entidades financieras.
La crisis obligó a Peña a pedir la renuncia de Carvallo y abrió una disputa institucional de dimensiones inéditas para su administración. La presentación de un pedido de juicio político, con posibilidades de sumar apoyos incluso dentro del oficialismo colorado, muestra que el derrumbe bancario trascendió el terreno financiero.
El episodio también interpela el discurso de Milei, que suele presentar a Paraguay como referencia por su estabilidad macroeconómica, sus bajos impuestos y su inversión privada. Ahora, la experiencia paraguaya exhibe los riesgos de una expansión financiera acelerada cuando los controles resultan insuficientes.