El acuerdo también contempla la cobertura sanitaria. Tanto quienes reciben pensiones no contributivas por invalidez laboral como aquellos que acceden al beneficio por discapacidad tendrán garantizado un mecanismo de atención con las prestaciones básicas contempladas en la Ley 24.901, a través del Programa Incluir Salud.
La iniciativa también incorpora controles más rigurosos sobre las prestaciones. La Secretaría Nacional de Discapacidad tendrá a su cargo auditorías periódicas y podrá cruzar información con organismos como ANSES, ARCA, Renaper y el SINTyS. Si detecta un incumplimiento objetivo, podrá disponer la suspensión preventiva del beneficio, aunque deberá respetar un procedimiento que incluya notificación y la posibilidad de una rehabilitación provisoria.
En materia de financiamiento, el proyecto identifica partidas específicas del Ministerio de Salud para sostener el sistema. Además, incorpora la posibilidad de recurrir a compensaciones del Tesoro cuando esos recursos no alcancen y establece que el Estado deberá garantizar que el ingreso de cada beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.