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NACIONALES El Senado busca avanzar con la ley de discapacidad
03/11/2026
Después de las concesiones que debió aceptar en Diputados, el Gobierno intentará conseguir dictamen en la Cámara alta. La falta de convocatoria a las comisiones la semana pasada y el viaje de varios legisladores a Estados Unidos generan incertidumbre sobre el número necesario.
El Gobierno volverá a enfrentarse a una discusión complicada en el Congreso. Este miércoles, a las 16, el Senado tiene previsto reunir a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano para tratar la nueva ley de discapacidad, aunque todavía existen dudas sobre la cantidad de legisladores que participarán del encuentro y permitirán avanzar con un dictamen.
La incertidumbre se explica, en parte, por la falta de movimiento de la semana pasada. Los representantes libertarios no convocaron a ninguna de las dos comisiones y ahora deberán reunir los apoyos necesarios para poner en marcha el plenario. A esto se suma el viaje de algunos senadores a Estados Unidos por las elecciones, una situación que podría complicar la asistencia.
La comisión de Presupuesto y Hacienda tendrá la responsabilidad de encabezar el tratamiento. Su titular es el libertario Agustín Monteverde, representante de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que Alicia Kirchner, senadora por Santa Cruz, está al frente de Población y Desarrollo Humano.
El proyecto llega a la Cámara alta después de conseguir un respaldo contundente en Diputados: obtuvo 236 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones. Al alcanzar una mayoría de dos tercios, las posibilidades de introducir modificaciones son prácticamente nulas. La iniciativa busca reemplazar el esquema de emergencia que vence a fines de este año y dejó afuera el ajuste que todavía figuraba en la versión original del Presupuesto 2027.
Entre sus principales disposiciones, el texto establece la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio, y conserva la actualización de esos beneficios de acuerdo con la inflación. También reconoce al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como herramienta central para acceder a la prestación e incorpora un nomenclador universal y un arancel unificado.
Uno de los puntos que se sostuvo durante las negociaciones fue la posibilidad de compatibilizar la pensión con un trabajo registrado. De esta manera, las personas que cuenten con el certificado podrán mantener el beneficio aunque tengan empleo formal o estén inscriptas en algún régimen tributario, siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.
El acuerdo también contempla la cobertura sanitaria. Tanto quienes reciben pensiones no contributivas por invalidez laboral como aquellos que acceden al beneficio por discapacidad tendrán garantizado un mecanismo de atención con las prestaciones básicas contempladas en la ley 24.901, a través del Programa Incluir Salud.
En materia de financiamiento, el proyecto identifica partidas específicas del Ministerio de Salud para sostener el sistema. Además, incorpora la posibilidad de recurrir a compensaciones del Tesoro cuando esos recursos no alcancen y establece que el Estado deberá garantizar que el ingreso de cada beneficiario no pierda poder adquisitivo frente al año anterior.
La iniciativa también incorpora controles más rigurosos sobre las prestaciones. La Secretaría Nacional de Discapacidad tendrá a su cargo auditorías periódicas y podrá cruzar información con organismos como ANSeS, ARCA, Renaper y el SINTyS. Si detecta un incumplimiento objetivo, podrá disponer la suspensión preventiva del beneficio, aunque deberá respetar un procedimiento que incluya notificación y la posibilidad de una rehabilitación provisoria.
Otro apartado contempla las obligaciones pendientes con los prestadores. Si al momento de sancionarse la norma existen deudas sin cancelar, el Poder Ejecutivo tendrá que publicar un cronograma de pagos dentro de los primeros 30 días y completar la cancelación en un plazo máximo de 90 días.
El recorrido parlamentario de la propuesta estuvo marcado por las negociaciones que el oficialismo debió sostener en la Cámara baja. Una de las principales encargadas de acercar posiciones fue la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado, en un contexto de tensiones internas dentro del Ejecutivo y dificultades para sostener el capítulo de discapacidad incluido originalmente en el Presupuesto 2027.
Para evitar una derrota política y no comprometer a Martín Menem, el mileísmo terminó aceptando buena parte de los planteos de los bloques dialoguistas. Ese entendimiento también permitió frenar la propuesta impulsada por el kirchnerismo para extender la emergencia hasta el 31 de diciembre del próximo año.
En la sesión de octubre, el oficialismo consiguió postergar otra discusión: la vinculada al endeudamiento. El tema volvió a comisión y, hasta el momento, no hubo nuevos avances ni señales de que vaya a retomarse. La cuestión quedó relegada después de varios meses de advertencias y cruces alrededor de una problemática que todavía permanece sin resolver.
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