El caso “Árbol de Pie” no tenía movimientos en la Corte desde el 19 de agosto de 2024. Había sido remitido al máximo tribunal por la Sala III de la Cámara Federal de La Plata después de declarar la inconstitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras en la causa de los excombatientes, pero sin referirse específicamente a la solicitud de una medida cautelar impulsada por este grupo ni resolverla.
La semana pasada, después del fallo contra los excombatientes, la asociación ambientalista, Odarda y más de una decena de amparistas le pidieron una “aclaratoria” a los supremos ya que no habían dicho nada respecto de su planteo. De hecho, no había ni siquiera alguna referencia a la existencia de este expediente en la sentencia. Ellos consideran que su situación es distinta ya que reivindican derechos de incidencia colectiva vinculados con la protección del ambiente y los derechos de las comunidades indígenas ligados a sus territorios ancestrales.
En el tribunal hay quienes aseguran que este amparo colectivo no estaba en el radar y que incluso a principios de septiembre se habían reunido los secretarios letrados de los tres ministros de la Corte para analizar la cuestión únicamente con el del CECIM en la mano. Como sea, los cortesanos habían elegido ese caso entre más de 32 que tienen para resolver respecto de distintos aspectos del DNU 70 (incluso su totalidad), como reveló Página/12, y sabían cuál sería el resultado de la decisión. Quizá no calcularon tan rigurosamente el costo, como les ocurrió en 2017 con el fallo del 2x1 a favor de la libertad de los genocidas.
Comunicado y cruces
La primera reacción de los supremos ante las críticas fue emitir un comunicado en el que se victimizaban como si hubieran sido blancos de “discursos de odio” y buscaban explicar que solo habían resuelto una cuestión procesal. Decían que se podrían pronunciar sobre la derogación de La Ley de Tierras si había nuevos planteos con organizaciones o actores legitimados. El texto fue consensuado por Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. Carlos Rosenkrantz dijo, a través de un asesor, que él no tenía nada que ver.
Un párrafo llamativo recordaba que la Corte “ha ejercido un liderazgo en la protección de los recursos naturales, el ambiente y los bienes colectivos durante muchos años….”. Como si los jueces dieran a entender que ante una causa vinculado al derecho ambiental –especialidad de Lorenzetti, y en alguna medida de Rosatti también-- el desenlace podría ser otro.
El apuro de los supremos
Lo cierto es que la causa que les permite dar marcha atrás, si eso buscan, ya estaba en sus despachos. Pero todo indica que no se pusieron de acuerdo sobre cómo resolverla.
Rosenkrantz estaría dispuesto a sostener su posición para ratificar habilitar la extranjerización de la tierra rural. No así sus compañeros. La discrepancia expone el problema de una Corte de tres integrantes.
Tuvieron que sortear conjueces: del bolillero salieron los nombres del juez de Casación Penal Diego Barroetaveña y del camarista mendocina Juan Ignacio Pérez Curci. Según las reglas habituales, las partes tienen 72 horas para recusarlos. Pero este es el plazo que la Corte decidió acortar.
Odarda y compañía analizaban alguna recusación, pero ante la aceleración de los tiempos decidieron consentir las designaciones. El plazo vence este jueves a las 19 horas. A partir de ahí se podría llegar a conocer alguna decisión.
Una posibilidad es que concedan directamente la cautelar pedida y se restituyan la protección de las tierras con la suspensión del artículo 154 del DNU. Sería algo excepcional, pero podría ocurrir.
Otro camino es que devuelvan el expediente a La Plata o al juzgado de Bariloche donde se originó, para que allí sea resuelto, o bien una combinación de ambos caminos.
Todo está por verse. En los pasillos supremos una mayoría de versiones apunta a que existe voluntad (y los conjueces estarían alineados) de dictar un nuevo pronunciamiento antes del debate parlamentario la semana que viene.