El magistrado consideró que la organización estuvo detrás de las marchas ocurridas entre mayo y octubre de 2022 en las inmediaciones del domicilio de la expresidenta, con el objetivo de “imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor, utilizando para ello distintas redes sociales y medios masivos de comunicación, en donde realizaban manifestaciones intimidantes, planeaban, coordinaban y difundían mensajes de odio y declaraciones violentas” en contra de las autoridades del entonces gobierno de Alberto Fernández.