El texto aclaró que la decisión de la magistrada “había sido promovida por el Ministerio Público de la Defensa y contó con la adhesión del Ministerio Público Tutelar en representación de los derechos del adolescente”.
Por este motivo, añadieron, “más allá de si un pronunciamiento judicial es o no compartido” el gobierno de la ciudad de Buenos Aires debería haberse apegado al “respeto de las decisiones” que adoptan los jueces en el marco de la vigencia del Estado de Derecho.
“En cambio, la promoción de un juicio político como respuesta al contenido de una sentencia agravia seriamente la independencia judicial” y va a contramano de “la independencia judicial”, enfatizaron los 91 jueces que cuestionaron al gobierno porteño.