La investigación de Picardi había concluido que no se respetaron los procedimientos previos y rigurosos para tomar deuda pública de modo “responsable, razonable y legal”. Por acción u omisión se incumplieron esas normas de Hacienda, Finanzas y del Banco Central. Por ejemplo, el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, firmó la primera carta de intención sin facultades. No hubo dictámenes técnicos del Banco Central sobre el impacto en la balanza de pagos; se omitió un decreto del Poder Ejecutivo para dar transparencia y aprobar la operación; tampoco se le dio intervención a la jefatura de Gabinete ni al Congreso. El fiscal señalaba entre los principales responsables también al propio expresidente Macri, a Sturzenegger, Caputo y Guido Sandleris (como extitulares del BCRA). Caputo también, como exministro de Finanzas, y Santiago Bausili, que trabajaba con él.