Desde el punto de vista técnico, la defensa argumenta que se violaron múltiples artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Beraldi señaló que la Corte Suprema argentina evitó tratar los agravios de fondo, escudándose en formalismos procesales, lo que volvió "escandaloso" el caso. La comunicación presentada también destaca la violación del principio ne bis in idem, al subrayar que 49 de las 51 obras públicas cuestionadas ya habían sido objeto de investigaciones previas que terminaron en archivo o sobreseimiento. Los abogados advirtieron que, si bien una decisión sobre el fondo del asunto podría demorar años, esperan una resolución sobre las medidas cautelares en los próximos meses, la cual, según Valim, "el Estado argentino tiene que cumplir inmediatamente".