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JUDICIALES Denuncian maniobras arbitrarias en la quiebra de Sancor y exigen la destitución de un magistrado
26/06/2026
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El juez que lleva adelante el concurso de acreedores fue denunciado ante la Suprema Corte de la provincia de Santa Fe por un grupo de acreedores. Piden que se declare la nulidad de la quiebra.
Un grupo de acreedores y trabajadores de la cooperativa láctea SanCor formalizó un pedido de jury de enjuiciamiento y destitución contra el juez Marcelo Gelcich, a cargo de la quiebra de la firma que está situada en Rafaela.
El planteo busca apartar al magistrado de forma inmediata y congelar los plazos procesales de la liquidación de activos ante presuntas y graves "maniobras arbitrarias", según plantearon los abogados.
Uno de los síndicos independientes del expediente judicial pateó el tablero y denunció formalmente al juez Gelcich ante la Corte Suprema provincial, al considerar que el juez llevó adelante maniobras para favorecer a determinadas personas.
La presentación describe la existencia de un entramado diseñado de forma deliberada para neutralizar las auditorías, concentrar el manejo de activos millonarios y favorecer operaciones comerciales de dudosa transparencia.
De acuerdo con el texto de la denuncia, el eje del conflicto radica en la vulneración de la Ley de Concursos y Quiebras mediante la creación de un esquema de poder paralelo dentro del expediente.
El abogado denunciante sostiene que el juez Gelcich montó un mecanismo para obstaculizar el control independiente que le corresponde a la sindicatura plural para llevar adelante las maniobras cuestionadas.
Para lograrlo, “habría designado de manera directa y arbitraria”, —eludiendo el sorteo legal obligatorio que exige el registro de la Corte Suprema— a una coadministradora, la contadora Lucila Inés Prono.
Si bien esta figura técnica se creó inicialmente con el único propósito de asistir a los síndicos ante las dificultades para obtener información de la empresa, la denuncia advierte que terminó asumiendo funciones exclusivas de la sindicatura, transformándose en un “órgano de supresión de control”.
La acusación describe una división interna: mientras los síndicos independientes Juan Tomat y Oscar Epstein mantuvieron una postura de fiscalización estricta, el tercer integrante, Ignacio Pacheco, se habría alineado con las directivas del juzgado y la coadministradora en un bloque que acaparó las decisiones de liquidación de activos, elaboración de pliegos y manejo de ofertas comerciales estratégicas.
Al mismo tiempo, hubo una denuncia del denominado Consorcio de Acreedores de SanCor, conducido por Aldo Regali. El abogado asegura que dicho consorcio está integrado por 1066 acreedores, entre los que hay productores, proveedores comerciales, ex trabajadores activos de SanCor y ex empleados que fueron incluidos en el programa de Retiro Voluntario Anticipado.
Cabe recordar que en las últimas semanas, Gelcich estableció un precio mínimo para la liquidación de los activos físicos de SanCor (las seis plantas que todavía posee) y los intangibles (marcas) por US$ 52,1 millones. Los bienes serán vendidos a través de licitaciones separadas.
Regali sostuvo que “en la quiebra, la propia coadministradora, en una reunión que tuvimos hace un mes, según los números de ella, el 87% de los acreedores no cobraría nada, y el restante cobraría entre un 20 y un 25% de su acreencia. O sea, la quiebra deja el tendal de acreedores sin cobrar”.
“Estamos hablando de productores a los que se les deben hasta $700 millones y más, de proveedores con deudas por cobrar de $200 y $300 millones. Eso deja un hueco económico en la zona y en la cadena de pago, porque esta gente a su vez también le debe a otra gente, entonces deja un bache grosero”, explicó.
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