En paralelo, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) todavía trabaja en un informe técnico sobre el patrimonio de Adorni. Ese documento sufrió demoras luego de que la Justicia dispusiera incorporar nuevos análisis relacionados con los presuntos 200 mil dólares que el funcionario aseguró haber invertido en Bitcoin.
La causa también registró movimientos recientes vinculados a la situación fiscal de Tabar. La semana pasada, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lo intimó para que presente documentación destinada a justificar sus ingresos, la actividad desarrollada y distintos aspectos relacionados con la obra ejecutada en la vivienda de Indio Cuá.
Entre los requerimientos realizados por el organismo figuran datos sobre facturación, compras a proveedores correspondientes a 2024 y 2025, la justificación de la adquisición de vehículos, el origen de los fondos utilizados para comprar dólares durante esos años y documentación vinculada a cuestiones societarias.