Respecto a los cuestionamientos sobre su intervención en la causa, el letrado sugirió que existe una intención de limitar el alcance de la investigación. “Ellos quieren cortar la investigación en un determinado punto. Quieren controlar la acusación”, afirmó, y denunció una supuesta estrategia para desacreditarlo: “Van a iniciar una campaña de desprestigio hacia mi persona para generar desconfianza y después acercar otros abogados”.
En ese sentido, remarcó que su objetivo es ampliar el foco del caso. “No es lo mismo acusar a dos personas sin recursos que investigar qué pasó en los juzgados de familia, qué pasa en el ETI o cómo se toman medidas cautelares sin revisar nada”, planteó, en referencia al entramado institucional que rodeó la situación del niño.
También defendió la legalidad de su actuación profesional. “Cualquier abogado sabe que mandás el título digitalizado y te asignan una fecha de jura. Yo no puedo dejar de representarlos en este momento. Los tengo que acompañar porque soy su abogado de confianza”, explicó. Además, indicó que presentó a un letrado con matrícula local para evitar objeciones: “Voy en calidad de apoderado de la familia hasta tanto tenga la matrícula y presento un abogado de la matrícula”.
Por último, insistió en que su intervención se ajusta a derecho y cuestionó las versiones sobre posibles sanciones. “Hay jurisprudencia sobre el ejercicio en extraña jurisdicción. Cuando vas contra un acto de corrupción, difícilmente llames a alguien que pueda estar contaminado. Me quieren denunciar, pero no saben por qué. No tiene sentido”, concluyó.