El sindicato había pedido 5 mil millones de embargo para asegurar el pago de sueldos y la jueza terminó convalidando tres millones para el período comprendido entre el cierre de la fábrica y el 30 de junio.
Alejandro Crespo, secretario general Sutna, hizo anunció la decisión de la jueza poco antes del vencimiento del plazo para que la empresa hiciera efectivos los pagos.
"La decisión de la jueza confirma que el cierre es ilegal y los despidos son ilegales. Los gobiernos tienen que encontrar una salida política para sostener las fuentes de trabajo", reclamó Gabriel Solano, del Partido Obrero.