Sin embargo, el gobierno de Javier Milei se niega desde hace cuatro meses a cumplir esa norma –apeló la medida cautelar que ordenó a fin de año su cumplimiento- y hasta presentó ahora otro proyecto que reformula la ley vigente. En términos generales, el nuevo texto no reconoce la recomposición salarial correspondiente a 2023–2024, no garantiza actualizaciones salariales equivalentes a la inflación este año, y omite la recomposición integral de los gastos de funcionamiento. De continuar este escenario, las consecuencias serían alarmantes para la educación nacional: el Presupuesto universitario 2026 se ubicará 39% por debajo de 2023 en términos reales (considerando el efecto de la inflación) y, de esa manera, volverá a los niveles registrados hace dos décadas atrás, consolidando el ajuste que marcaron estos dos años de gestión libertaria.