La negación de Bada Vázquez cobra otra dimensión cuando se la cruza con el resto de la información documentada sobre su entramado empresarial. A las denuncias por supuesto vaciamiento empresarial realizada por los trabajadores perseguidos se sumaron revelaciones de este medio sobre la constitución de sociedades offshore en Miami —Quinta Criolla LLC, Cueto Miami LLC, Vid's Toys LLC, Lactius Vidal LLC, entre las constatadas—, la mayoría de ellas operativas. Las transferencias millonarias desde y hacia Wright Brothers que figuran en el expediente texano, donde el apellido "Bada Vázquez" aparece vinculado a giros por montos que van de los 20 mil a los 400 mil dólares. La sociedad comercial entre Vidal Bada Vázquez y Claudio Ciccarelli, primo hermano y señalado testaferro de Fred Machado. La empresa de aerotransportes "El Nacional", vinculada a los Bada Vázquez y señalada como vendedora de una avioneta interceptada con más de 350 kilos de cocaína.
Cada pieza del rompecabezas agrega sombras. Y en el centro de ese entramado, una empresaria que ahora niega haber aportado 400 mil pesos a una campaña política, mientras su apellido circula en expedientes judiciales y aparece en la nómina de aportantes económicos a la campaña de la dirigente que abrazó la avanzada de la empresa contra los obreros y el gremio lechero, Atilra, a quienes Bullrich aún acusa de “extorsión” sindical.
La ministra, ahora candidata de LLA al Senado en la Ciudad de Buenos Aires, en 2023 presentó a Lácteos Vidal como víctima del sindicalismo y celebró el DNU que criminalizaba la protesta. En su descargo televisivo del jueves, Bullrich insistió con el ataque a los gremios y la defensa cerrada a la empresaria que, como Espert, ahora dice casi desconocer.
Un guión parecido recita en su video Bada Vázquez, quien se manifiesta ofendida por las sospechas y fastidiosa con que la vinculen a “la política”. Curiosa autopercepción: en otro posteos, la empresaria hace gala de su participación en el “Movimiento Anti-bloqueos”, un colectivo de empresarios activistas contra los derechos laborales y sindicales que todavía rigen en el país. Derechos que el presidente Milei y su ministra Bullrich prometieron demoler si obtienen un buen resultado electoral el próximo 26 de octubre.