La central nuclear Atucha forma parte de una historia fundamental del desarrollo energético y tecnológico argentino. Atucha I fue la primera central nuclear de potencia de América Latina y comenzó su operación comercial en 1974, mientras que Atucha II completó posteriormente la capacidad de generación del complejo. La privatización de NASA implica un cambio de modelo en una actividad que, durante décadas, fue gestionada por el Estado y que se considera estratégica para la soberanía y el desarrollo nacional. La movilización busca visibilizar el rechazo a ese cambio y exigir que el Estado mantenga el control de una empresa clave para el sistema eléctrico y para la proyección tecnológica del país.
Los trabajadores nucleares vienen denunciando una serie de procesos que buscan debilitar el sistema antes de entregarlo al sector privado. Entre ellos se encuentran los despidos, la persecución gremial, el recorte de áreas y la reducción salarial. Un caso resonante es el de Mariano Saleh, químico de NASA y delegado de ATE, a quien la gestión libertaria intenta despedir por su activismo sindical. En una entrevista con Canal Abierto, Saleh denunció que «hay un intento de vaciamiento y de privatización de todo lo que viene generando el país en el sector nuclear hace 75 años, quieren hacer un negocio para algunos privados y también bloquear todo el desarrollo soberano que tiene Argentina en el sector, que es uno de los más importantes del mundo».
Uno de los proyectos estratégicos que se encuentra en riesgo es el reactor CAREM, un desarrollo de diseño nacional que fue paralizado durante la gestión de Demian Reidel al frente de NASA. La paralización del CAREM, sumada a la privatización parcial de la empresa y a la persecución sindical, configura un escenario de desmantelamiento del sistema nuclear argentino que los trabajadores y sus representantes gremiales buscan frenar con la movilización del 18 de noviembre. La convocatoria en Zárate se suma a las protestas que distintos sectores vienen realizando en todo el país contra las políticas de ajuste y privatización del Gobierno nacional, y busca instalar en la agenda pública la defensa de una actividad estratégica para el desarrollo y la soberanía del país.