En ese capítulo el proyecto establece penas de entre 5 y 12 años de prisión para quienes, “por cuenta, orden o financiamiento extranjero, realicen actividades destinadas a alterar procesos electorales” o “manipular la opinión pública” mediante campañas coordinadas de “desinformación masiva”. ADEPA advirtió sobre pasajes del texto que pueden ser sujetos a "interpretaciones ambiguas" y producir “efectos inhibitorios” sobre periodistas y medios. El artículo 111 cuenta con el rechazo del radicalismo y del PRO.
El Grupo Clarín transmitió su malestar. “La infraestructura crítica son los fierros, la fibra óptica, el 5g. Pero ¿qué pasa cuando no diferencias la fibra, del prestador y de los contenidos? La discusión que plantean es cómo se respeta la propiedad de red. Si hay una sanción ¿le cerrás al operador? ¿Le cerrás al prestador?”, explica una espada legislativa oficial de diálogo habitual con el multimedios. Como Clarín (a través de Telecom Argentina) utiliza tecnología de Huawei para los servicios de conectividad y redes 5G en el país, una eventual intervención del gobierno a esa infraestructura repercutirá.
“Clarín acá no miente: el texto no le cierra a ellos, ni a EEUU, ni a los aliados”, confía un legislador. El tema fue la noticia principal en la portada del domingo. El mega asesor les contestó: “Es muy impresionante que el principal diario argentino haga una tapa entera del diario con información sin verificar, incorrecta, inchequeable y cuya publicación solo puede hacer daño sobre un tema que es de extrema importancia y sensibilidad. Casi como si trabajaran para el enemigo”, twitteó.
Tras el éxito alcanzado por Martín Menem y Diego Santilli para bloquear el quórum el jueves, el presidente de la Cámara de Diputados se entusiasmaba con sumar este tema a la mega sesión convocada por el oficialismo para este miércoles. El camino se empantanó. Está vez no todo marcha acorde al plan.