“La amplísima mayoría de las estadísticas representa a los inadmitidos. Son personas a las que no les habilitan el ingreso en la frontera. Eso ni siquiera está vinculado a delitos. En general sucede porque les falta un papel o el seguro de salud o no les creen que van a venir como turistas. La estrategia consiste en poner un número rimbombante que acá tiene un elemento de falsedad absoluta. Los pocos casos de personas vinculadas a delitos que fueron expulsadas no tienen vinculación a cuestiones de gravedad como el terrorismo internacional”, explica a Página/12 Pablo Ceriani Cernadas, director de la especialización en Migración, Asilo y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).
Según las estadísticas que maneja la Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes (CAREF), las expulsiones se incrementaron durante la era Milei, pero están muy lejos del número que dio el Presidente. En 2023, 535 personas fueron expulsadas; en 2024, 739; en 2025, 920, y en el primer semestre del año se registraron 470 expulsiones. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por su parte, informa que, entre mayo de 2025 y el mismo mes de este año, se ordenaron 5216 expulsiones, pero solo llegaron a efectivizarse 1098. En ningún caso fue por delitos vinculados al terrorismo.
Para Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del CELS, la tendencia a asociar migrantes con terrorismo no es una idea propia de Milei. “Es uno de los componentes del marco ‘antiterrorista’ que viene siendo utilizado en muchas partes del continente como forma de recortar derechos, aumentar la vigilancia y la represión estatal, y no rendir cuenta por nada de ello, bajo la excusa del secreto por razones de ‘seguridad nacional’”, explica.
La SIDE dice otra cosa
El 16 de julio pasado, Milei mandó a su canciller, Pablo Quirno, y al número dos de la SIDE, José Lago Rodríguez, a una reunión a la que convocó el Departamento de Estado en la que se habló de conformar una coalición frente a un supuesto resurgimiento del terrorismo político de izquierda.
El tema salió cuando Cristian Auguadra –titular del organismo– y Lago Rodríguez debieron presentarse ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) el 25 de agosto pasado. En esa oportunidad, Lago Rodríguez contestó que no operaban grupos de extrema izquierda en la Argentina. En otras palabras, que la SIDE no tenía la hipótesis de terrorismo que solía invocar el Presidente.
Los tres diputados peronistas que están en la Bicameral –Agustín Rossi, Ramiro Gutiérrez y Rodolfo Tailhade– presentaron este lunes un pedido de informes urgente a raíz de los dichos del Presidente. Sostienen, por un lado, que, de ser cierto, se estaría ante una de las operaciones antiterroristas más grandes de la historia. Por otro lado, se preguntan si Milei tiene información para sustentar que se echó del país a personas que venían a dinamitar el modelo económico, ya que eso podría implicar la realización de inteligencia ilegal.
A priori, como remarcan los integrantes opositores de la CBI, no hay datos sobre causas en las que se investiguen hechos de terrorismo. Los últimos datos disponibles de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) del Ministerio Público Fiscal son de 2022, cuando se contabilizaban 33 investigaciones penales por este tema. En ese informe se explica que se engloba dentro de esta categoría a expedientes en los que hay imputaciones por el artículo 41 quinquies (que duplica las escalas penales), 213 bis (ser parte de organizaciones que busquen imponer sus ideas por la fuerza o el temor) o 306 (financiamiento del terrorismo) del Código Penal.
Los responsables de la SAIT se incorporaron recientemente al Centro Nacional Antiterrorismo (CNA) que creó a fines del año pasado Milei en coordinación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos.
Una excusa
El diputado nacional Máximo Kirchner (Unión por la Patria) dijo en una entrevista con Infobae que cuando Milei no puede explicar el funcionamiento de la economía recurre a este tipo de estigmatizaciones. “Pongámonos a pensar lo que significan 20 mil terroristas”, pidió mientras concluía que era una “exageración terrible” y que esto obligaba a actuar con mucha prudencia.
Los diputados Maximiliano Ferraro (CC) y Esteban Paulón hicieron pedidos de informes. Ambos buscaron graficar con números lo que significaría la afirmación del Presidente. Paulón sostuvo que tendrían que haber despegado dos aviones de pasillo ancho, repletos, por semana.
La senadora Juliana di Tullio también promovió una solicitud de información. “La ciudadanía tiene derecho a saber si se encuentra expuesta a riesgos reales o nos gobierna un mentiroso”, pinchó desde X.
Para Myriam Bregman, Milei busca darle plafón a la discusión sobre la Ley de Defensa de la Soberanía –que comenzará el miércoles–. Rossi advierte, por su lado, que el proyecto trae la ratificación por ley del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que había sido creado durante el macrismo. Cualquier persona u organización puede ser incorporada ante la sospecha razonable. “Omiten el concepto de sospecha fundada. De esa forma, todos podemos pasar a ser terroristas”, concluye.