Al respecto, el primer cambio de la reforma aparece en el propio objeto de la institución. El proyecto modifica el artículo 1° de la Carta Orgánica para establecer que la misión “única, primaria y fundamental” del organismo será preservar el valor de la moneda. De esta manera, quedan afuera los objetivos que contempla actualmente la normativa, entre ellos la estabilidad financiera, la promoción del empleo, el desarrollo económico y la equidad social.
Para el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), no se trata de una modificación meramente formal, sino de un cambio en la concepción sobre el papel de la política monetaria. “Es un intento de fijar, más allá del resultado de las urnas, un modelo económico específico y de profundizar la dependencia financiera externa del país, en momentos en que la fragilidad de la economía argentina exigiría, más bien, lo contrario”, señalaron los economistas. El nuevo esquema responde a una visión ortodoxa según la cual la política monetaria no tiene capacidad para modificar las capacidades productivas, la distribución o el nivel de actividad de una economía, y su función se limita a evitar que la expansión de la cantidad de dinero genere presiones inflacionarias.
El informe mencionado advirtió, sin embargo, que ese modelo no constituye un consenso generalizado entre las principales economías del mundo. De hecho, Estados Unidos y China cuentan con bancos centrales con objetivos más amplios: mientras la Reserva Federal debe arbitrar entre crecimiento e inflación, el país asiático trabaja con objetivos que incluyen estabilidad, crecimiento del PBI y empleo, acompañados por una intervención mucho más directa.
En el caso de nuestro país, la consecuencia más concreta es limitar el lugar de la autoridad monetaria dentro de la política económica. En este sentido, la modificación adquiere especial relevancia por el escenario que atraviesa el sector privado. La economía argentina se encuentra “en la puerta de ingreso a una crisis de deuda del sector privado”, evaluaron desde el CESO debido a la combinación entre la caída de los ingresos y la desregulación de las tasas de interés que disparó los niveles de mora del sistema bancario y financiero. Frente a ello, el diagnóstico del centro de estudios es que el Gobierno debería avanzar en sentido contrario al que propone la reforma: ampliar la capacidad de regulación de las tasas e intervenir sobre el mercado de las financieras de crédito, que actualmente se encuentra fuera de su órbita.
La eliminación del crédito productivo en pleno avance del endeudamiento
Un factor no menor tiene que ver con que la pérdida de instrumentos alcanza también al direccionamiento del crédito. Entre las facultades que contempla actualmente la Carta Orgánica y el proyecto del oficialismo elimina, se encuentra la posibilidad de orientar el financiamiento hacia las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y hacia las economías regionales. Así, mientras la economía queda cada vez más expuesta al endeudamiento y la mora, la reforma avanza hacia un Banco Central con menos capacidad para intervenir sobre las condiciones en las que se obtiene financiamiento y sobre los sectores hacia los que puede dirigirse el crédito.
Otro punto de relevancia tiene que ver con la modificación del mecanismo de designación y remoción de las autoridades del BCRA. Actualmente, el Poder Ejecutivo puede remover al presidente o a los directores del organismo con intervención de una comisión bicameral. El proyecto elimina ese mecanismo y establece que una eventual remoción deberá realizarse mediante un decreto presidencial aprobado previamente por ambas cámaras del Congreso con una mayoría de dos tercios de los miembros. Además, la remoción queda condicionada a una causal específica: una “falta grave y manifiesta” fundada en hechos precisos e inequívocos.
Se suma que el proyecto de La Libertad Avanza (LLA) elimina, además, la participación del representante del Ministerio de Economía en las reuniones del Directorio. Actualmente el funcionario en el cargo tiene intervención previa sobre el impacto de las decisiones monetarias en la Balanza de Pagos. “Su eliminación reduce el canal formal y cotidiano de conexión entre el Poder Ejecutivo y las decisiones del Banco, más allá de la designación de sus autoridades”, destacaron los especialistas.