Marino subrayó que "la Ley 27.793 está plenamente vigente, su ejecución no está sujeta a condición ni a requisito alguno, y este proyecto no viene a subsanar nada sino a extender el plazo de una emergencia que el desgobierno de Milei se ocupó de neutralizar durante la mayor parte de su vigencia".
"Dejar caer la emergencia el 31 de diciembre de 2026 sería consumar por vencimiento lo que el Gobierno nacional no logró por veto ni por presupuesto, y hacerlo en el peor momento posible. Hoy los pagos de Incluir Salud acumulan meses de atraso: transportistas, escuelas especiales, centros terapéuticos, centros de día y hogares denuncian que les resulta imposible subsistir y están al borde del cierre", destacó.
Con el apoyo de los diputados que firmaron la iniciativa, los diputados están cerca de reunir los 129 necesarios para abrir una eventual sesión y emplazar a comisiones para dictaminar. Sin embargo, a diferencia de la última vez que se trató, Milei cuenta con un bloque de legisladores que reúne más tercio capaz de blindar un eventual veto.
"La Ley 27.793 existe porque las personas con discapacidad, sus familias, terapistas, prestadores, docentes y transportistas se movilizaron en todo el país, y porque el Congreso estuvo a la altura de esa movilización cuando volteó el veto. Prorrogarla es la continuidad de esa conquista, y el tiempo apremia: la emergencia vence el 31 de diciembre de 2026 y las sesiones ordinarias terminan el 30 de noviembre", concluyó Marino.