La movilización del 22 de julio debe leerse como el eslabón inicial de un "plan de lucha escalonado". Tras una serie de encuentros entre las cúpulas gremiales, se resolvió profundizar las acciones conjuntas para responder al "deterioro del empleo" y la "pérdida del poder adquisitivo" que, según denuncian las organizaciones, provocó la gestión de La Libertad Avanza (LLA). La preocupación por el cierre de programas de asistencia, como el reciente anuncio oficial sobre el programa "Volver al Trabajo", fue el catalizador que terminó de empujar a la UTEP a una alianza estratégica con la CGT.
La dinámica de confrontación en las calles parece ser la única respuesta que las centrales encuentran ante la falta de diálogo y la profundidad de las reformas impulsadas por el Ejecutivo. En los pasillos sindicales ya se admite abiertamente que esta etapa de "confrontación" busca incrementar la presión de manera creciente. De hecho, la posibilidad de un nuevo paro general no solo está sobre la mesa, sino que ya se instaló como una alternativa real que "dependerá de la evolución del conflicto con el Gobierno" y de la receptividad que tengan los reclamos en el despacho presidencial de la Casa Rosada.