Para Catanzaro, el plan final del gobierno es la transferencia de 20.000 kilómetros de rutas a manos privadas, un esquema que critica por ser financiado con herramientas del propio Estado —como préstamos del BICE con tasas preferenciales— para beneficiar a licenciatarios en lugar de invertir directamente en la seguridad pública. Ante lo que consideran un abandono de las funciones esenciales del Estado, desde FEPEVINA solicitaron al Congreso la declaración urgente de la Emergencia Vial en todo el territorio nacional, entendiendo que cada kilómetro no mantenido hoy se traduce en muertes evitables mañana.