Con el paso de los meses comenzó un duro enfrentamiento entre el fideicomiso que representa a los herederos propietarios del inmueble y la desarrolladora Onatisur, encargada de operar el emprendimiento. Los dueños reclamaron alquileres impagos y la restitución del edificio, mientras que la operadora sostuvo que existían problemas estructurales y costos crecientes que afectaban la viabilidad del negocio, entre ellos el mantenimiento de las escaleras mecánicas y otras instalaciones.
La tensión terminó repercutiendo directamente sobre los comerciantes. De los 32 locales que llegaron a funcionar, en los últimos días apenas quedaban siete abiertos. Muchos inquilinos denunciaron que fueron notificados del cierre con muy poca anticipación y expresaron su malestar por la incertidumbre generada. “Tristeza, dolor y bronca”, resumieron varios comerciantes en declaraciones a medios locales al describir el final del proyecto.
Desde la empresa operadora argumentaron que el emprendimiento había sido pensado para desarrollarse al menos hasta 2027, pero que las sucesivas crisis económicas obligaron a renegociar contratos y valores de alquiler. Según su versión, solicitaron una extensión del acuerdo y una adecuación de las condiciones económicas, propuesta que habría sido rechazada por los propietarios.