El fallo también se inmiscuye en otro costado de la normativa que no fue objetado por la demandante y es que el DNU de Milei no contempla la intervención del Ministerio Público Fiscal en los trámites de ciudadanía que a partir de la reforma deben realizarse ante la  Dirección Nacional de Migraciones y no en los tribunales. Los jueces de Cámara sostienen que sin la intervención del MPF no hay ninguna instancia que cumpla con "la defensa de la legalidad y los intereses de la sociedad". Es decir, que el DNU no prevé mecanismos que permitan someter a revisión judicial determinadas decisiones vinculadas con el otorgamiento de la ciudadanía.