Previo a conocerse el comunicado, el Ministerio de Capital Humano envió una nota a todos los directores para solicitarles que envíen las necesidades presupuestarias de cada institución. El objetivo del Gobierno es conocer en detalle los gastos para decidir cómo se distribuirá una partida sin ejecutar por más de $79 mil millones.
Este jueves también organizaciones, docentes, académicos e integrantes del ámbito científico y educativo, presentaron una carta abierta dirigida a la Corte Suprema que tuvo más de 3.200 firmas. Allí, le exigieron al máximo tribunal que se expida de manera urgente en la causa por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
"La demora en resolver esta situación profundiza el deterioro del derecho a la educación y afecta el funcionamiento de las instituciones universitarias, las condiciones laborales de docentes y no docentes, y el acceso efectivo de estudiantes a una educación pública de calidad en todo el país", expresaron.
"La Corte Suprema tiene la oportunidad de reafirmar algo tan básico como fuertemente necesario en este contexto: que el Poder Ejecutivo debe cumplir con la ley y que los derechos consagrados en la Constitución Nacional requieren recursos económicos suficientes y adecuados para ser efectivos. La Constitución encomienda a los poderes del Estado garantizar las condiciones de la educación universitaria pública como una responsabilidad indelegable", concluyeron.