Antes de desembarcar en la legislatura bonaerense, el hermano del jefe de gabinete obtuvo otro ascenso: fue nombrado al frente del IAF, desde donde puso el gancho para la aprobación de un préstamo 40 mil millones de pesos a la obra social militar, IOSFA, por $40.000 millones, justo en los meses previos a la quiebra de esa entidad. A Pagano ese movimiento le resultó también sospechoso, así que radicó una segunda denuncia penal contra Francisco para que se investigue si no hubo además algún tipo de retorno. Lo acusa de administración fraudulenta, malversación de fondos públicos y de incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros posibles delitos.
“La hipótesis penal que se somete a investigación es que, lejos de cumplir con sus deberes, el denunciado (Franciso Adorni) convalidó, ejecutó y/o consintió la aplicación irregular del préstamo, omitiendo los controles legalmente exigibles y permitiendo que fondos previsionales del personal militar terminaran financiando, en condiciones onerosas y sin trazabilidad transparente, el déficit corriente de un organismo cuya disolución estaba siendo planificada por el propio Poder Ejecutivo que lo designó”, denunció Pagano.
IOSFA terminó disuelta a principios de este año y el Gobierno mandó a crear una obra social sustituta, OSFA. Pero los problemas de los militares para conseguir atención médica, según algunas denuncias, se agravaron a partir de entonces, renuncia incluída de su extitutlar, el general de brigada (R) Sergio Maldonado.