El Senador sostuvo que la pobreza multidimensional debe abarcar varios componentes.
La infraestructura social básica: “Cada familia debe tener un hogar sin hacinamiento, pavimento urbano, veredas, espacios verdes, cercanía a centros de salud, acceso a infraestructura escolar, agua potable, cloacas, fibra óptica y energía eléctrica. Argentina, en los últimos 50 años (1975-2025), invirtió 508.000 millones de dólares en infraestructura. Sin embargo, las asimetrías con América Latina son severas. La inversión regional alcanza entre el 4,4% y el 5,2% del PBI, generando una brecha de hasta 1,8 billones de dólares”. Para mejorar la estructura social básica se requieren “250.000 millones de dólares, con financiamiento de organismos multilaterales y mecanismos de articulación entre Estado y mercado”.
El segundo es un mayor acceso a los derechos y la calidad en su ejercicio. Se necesita un acceso a la salud y a la educación de calidad.
El tercero, está referido a la pobreza por ingresos, lo cual requiere una adecuada ponderación de bienes y servicios y actualización de sistemas de medición.
Capitanich propone que la metodología de medición utilizada por el INDEC no esté afectada por la inestabilidad institucional y los cambios en el poder político. Por ello, considera que los sistemas de medición deben ser aprobados por una ley del Congreso de la Nación, y los responsables designados con acuerdo del Senado.
Situación de las provincias:
Capitanich también realizó un análisis sobre los recursos provinciales y cómo impactan en la situación social. “Las provincias argentinas han tenido una caída de aproximadamente un billón de pesos en el primer trimestre del año. Además, el presupuesto 2026 y la Ley de Modernización del Estado consolidan mecanismos de extracción de recursos. Esto implica la eliminación de impuestos coparticipables, afectando las finanzas provinciales. Se generan desigualdades: los socios del gobierno reciben asistencia, mientras que otros son discriminados”. Esta situación redunda en un círculo vicioso de menor actividad económica, menor recaudación, un mayor déficit, y un deterioro general de salarios, lo que lleva a un amento en la conflictividad social.
Además, señaló que una mirada federal del país da cuenta de una recesión y caída del consumo, un endeudamiento de las familias, y un aumento de los paros y conflictividad gremial en el sector público.
“Lo que estamos haciendo es condenar al déficit estructural y financiero a las provincias, a no tener obra pública, (que tiene efecto multiplicador en el empleo), a generar una afectación tremenda del consumo masivo y eso impacta en la calidad de vida de los pueblos del interior de la República Argentina. El pueblo argentino padece incrementos desmesurados de servicios públicos, caída de recaudación, falta de inversión pública e impacto en la actividad económica, que endeuda a las familias y genera un caos social”, finalizó Capitanich.