La iniciativa también redefine el alcance del cumplimiento efectivo de las condenas: según el proyecto, alrededor del 82% de los delitos deberán purgarse en prisión, lo que reduce drásticamente las posibilidades de acceder a regímenes excarcelables. Otra medida de peso es la supresión de la liberación anticipada para delitos considerados de alto impacto social —entre ellos, homicidio, robo seguido de muerte, robo con armas— y para quienes reincidan. En este marco, las penas perpetuas dejarán de tener un horizonte temporal preciso y adquirirán un carácter más estricto en su ejecución.