El Gobierno no está dispuesto a ceder. La iniciativa busca modificar de raíz las relaciones de trabajo y afectaría no solo a las nuevas contrataciones, sino que tendría un impacto directo en los contratos vigentes. Los puntos más polémicos incluyen la extensión de los períodos de prueba, la eliminación de multas por mal registro de empleados y un esquema de indemnizaciones que abarata el costo de despido para las empresas. En febrero, el oficialismo intentará conseguir los números para una ley que considera vital.