Según explicó el titular de ARCA, Juan Pazo, la nueva ley se erige sobre la idea de que “todos somos inocentes, salvo que ARCA demuestre lo contrario”. Este cambio conceptual implica una inversión de la carga de la prueba y una redefinición de la relación entre la agencia recaudadora y los ciudadanos.
Un aspecto relevante es que la reforma incorpora un mecanismo de actualización automática a partir de 2027, considerando la variación anual de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), con el propósito de evitar que las sanciones vuelvan a perder efectividad con el paso del tiempo y garantizar mayor estabilidad y previsibilidad hacia adelante, señala.
El nuevo esquema sancionatorio no diferencia entre contribuyentes según su escala, aplicando a las pymes criterios similares a los de grandes compañías que cuentan con mayores recursos para afrontar las crecientes exigencias materiales y formales del régimen tributario. Esto abre el debate acerca de cómo impactará la reforma en un sector que, de por sí, enfrenta desafíos financieros y operativos relevantes, afirma.
Cuáles son las multas una por una
Multa Automática (Art. 38 Ley 11.683)
Es la que recibís simplemente por no presentar la Declaración Jurada en término. El salto es de más del 100.000%:
Personas Humanas: pasa de los actuales $200 a $220.000.
Personas Jurídicas (sociedades): pasa de $400 a $440.000.
Se está discutiendo un período de gracia de 2 o 3 días para subsanar errores antes de que se dispare automáticamente este monto.
Cuándo la multa puede llegar a $35 millones
En estos casos podría aplicar la multa que llegará a $35 millones con la Ley de Inocencia Fiscal:
Infracciones a las normas referidas al domicilio fiscal.
Resistencia a la fiscalización, por parte del contribuyente o responsable, consistente en el incumplimiento reiterado a los requerimientos de los funcionarios actuantes, solo en la medida en que los mismos no sean excesivos o desmesurados respecto de la información y la forma exigidas, y siempre que se haya otorgado al contribuyente el plazo previsto por la Ley de Procedimientos Administrativos para su contestación.
Omisión de proporcionar datos requeridos por ARCA para el control de las operaciones internacionales.
Falta de conservación de los comprobantes y elementos justificativos de los precios pactados en operaciones internacionales.