Durante el debate, varios senadores desnudaron las inconsistencias del relato libertario. Wado de Pedro señaló que el presupuesto presentado por Milei con un supuesto aumento para las universidades es, en realidad, un presupuesto de ajuste: “El presidente mandó un presupuesto con 4,9 billones”, dijo, y explicó que el costo de funcionamiento calculado por los rectores asciende a 7,3 billones. En la previa, el bloque de Unión por la Patria recibió a las integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional. De Pedro remarcó que el dinero que el gobierno dejará de recaudar por las exenciones impositivas otorgadas a siete cerealeras —unos 1.500 millones de dólares— equivale “a la misma cifra que le hubiera dado tranquilidad a más de dos millones de argentinos que estudian, se quieren formar y no están en el narco, como algunos candidatos”.
En la misma línea, Lousteau cuestionó la escala moral del oficialismo, cuyo latiguillo es el “no hay plata”. “Los 1.700 millones de dólares que se gastó el gobierno en tres días para tratar de conseguir dólares de las cerealeras pagan 12 años del presupuesto del Garrahan. En tres días se gastaron 12 años del presupuesto del Garrahan. Pero no hay plata”, ironizó. Guadalupe Tagliaferri, senadora del PRO, coincidió: “El ‘no hay plata’ era una excusa, no era prioridad. Estamos viendo que era una cuestión de prioridades, porque la plata apareció. No para los jubilados ni para las familias de personas con discapacidad. Apareció por el resultado de una elección, la elección de la provincia de Buenos Aires y la preocupación por la elección nacional”.
La defensa oficialista fue magra. Apenas dos voces se alzaron: Ezequiel Atauche y la cordobesa Álvarez Rivero. “No queremos que las universidades sean usinas de financiamiento político”, se limitó a decir el jujeño, mientras acusaba al kirchnerismo de “usar a los niños con fines políticos” para cuestionar la Ley de Emergencia en Pediatría.
Sobre el final de la sesión, el Senado dio luz verde a una iniciativa del salteño Juan Carlos Romero que crea un marco legal para la búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas. El proyecto, aprobado con 61 votos afirmativos, prevé la puesta en marcha de un registro nacional y un sistema de alerta rápida, con el fin de centralizar protocolos y mejorar la coordinación entre organismos públicos y privados bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.
Una cuestión de soberanía
El inicio del debate estuvo atravesado por las cuestiones de privilegio vinculadas al decreto de Milei que autorizó la entrada de tropas estadounidenses al país y la salida de fuerzas argentinas hacia Chile para participar en ejercicios militares. La medida fue denunciada como un nuevo avasallamiento al Congreso, que es el órgano con facultad exclusiva para autorizar —o rechazar— el ingreso de tropas extranjeras. La senadora fueguina María Eugenia Duré, de Unidad Ciudadana, planteó la “inconstitucionalidad” del decreto y reclamó su anulación, posición que fue acompañada por el radical Pablo Blanco.
En paralelo, José Mayans impulsó el rechazo a la privatización de Nucleoeléctrica, la empresa estatal estratégica que opera las tres centrales nucleares del país y aporta el 7% de la energía eléctrica al sistema nacional. “El programa nuclear argentino está paralizado con Milei, y condena al hambre y la miseria a los científicos en el país. Es verdaderamente vergonzoso”, denunció. Y agregó: “Se están robando el 49 por ciento del sistema nuclear argentino el Presidente, su hermana y su banda, y lo están haciendo para toda la vida”. La moción para declarar “no enajenable el desarrollo nuclear argentino” no reunió los dos tercios necesarios, pero Unión por la Patria volverá a llevar el tema a la próxima sesión.