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NACIONALES El Gobierno suspendió a más de 9.000 cooperativas y denuncian un plan de destrucción industrial

27/10/2026 | 16 visitas

La resolución del INAES restringió la operatoria de miles de cooperativas y mutuales por incumplimientos documentales. Gildo Onorato, titular del organismo bonaerense de cooperativismo, cuestionó, en diálogo con El Destape, la falta de mecanismos de regularización, denunció una deuda de $125.000 millones del Tesoro con las provincias.

El plan sistemático de destrucción industrial llegó a las cooperativas y mutuales. La política de ajuste y transferencia de riqueza a los sectores concentradores que lleva adelante el gobierno de Milei sumó una nueva víctima al desmantelamiento productivo libertario, con la suspensión de autorizaciones para funcionar de miles de cooperativas y mutuales de todo el país. La medida restringe las gestiones administrativas de las entidades alcanzadas y, según denuncian desde la provincia de Buenos Aires, amenaza la continuidad de organizaciones que generan empleo y sostienen actividades productivas en distintas comunidades. A través de la Resolución 2076/2026, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) avanzó con una nueva etapa de su plan de “reordenamiento del padrón”, bajo el argumento de que las instituciones no presentaron documentación asamblearia y estados contables exigidos por la normativa vigente.

¿A cuántas cooperativas y mutuales afecta la Resolución 2076/2026 del INAES?

Como hizo con otros programas sociales y productivos, el gobierno anarcocapitalista, primero, da de baja cualquier tipo de beneficio y, luego, da las explicaciones del caso. El objetivo es, como quedó en claro en la última votación ante Naciones Unidas (junto con Estados Unidos e Israel, el gobierno argentino votó en contra del cooperativismo), desmantelar este esquema de entramado productivo. La decisión alcanza a un universo de 9.083 entidades, compuesto por 8.210 cooperativas y 873 mutuales, de acuerdo con los datos del relevamiento que circulan en el sector. De ese total, 7.206 quedaron suspendidas, otras 1.299 fueron intimadas a presentar documentación y 578 están exceptuadas de la medida. El 40 por ciento de las organizaciones alcanzadas corresponde a la provincia de Buenos Aires, según informó el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC).

En diálogo con El Destape, el presidente del IPAC, Gildo Onorato, cuestionó la forma en que se implementó la resolución y advirtió que las exigencias administrativas, cuando no están acompañadas por herramientas para facilitar su cumplimiento, pueden convertirse en un mecanismo que debilite a las organizaciones. El dirigente vinculó la decisión con la falta de financiamiento para las políticas provinciales de promoción del sector y sostuvo que el resultado de ambas medidas es una reducción de las posibilidades de sostener el trabajo cooperativo. "Lo que hay es una política muy clara de destruir el tejido cooperativo, destruir el tejido productivo y, como dice el gobernador, hay un industricidio en camino que está todo vinculado a la misma idea de Nación", afirmó Onorato durante la entrevista con este medio.

La denuncia apunta a un mecanismo que excede la discusión sobre la presentación de balances o la realización de asambleas. Según el titular del IPAC, el Gobierno combina restricciones administrativas con una deuda de recursos destinados a las provincias, lo que reduce la capacidad de los organismos locales para acompañar a las entidades que necesitan regularizar su situación. En ese esquema, la fiscalización deja de funcionar como una herramienta para mejorar el desempeño institucional y pasa a operar, de acuerdo con su interpretación, como un factor adicional de presión sobre las organizaciones.

Trámites bloqueados y sanciones: el detrás de escena de la resolución del INAES

La Resolución 2076/2026, fechada el 13 de octubre último y publicada en el Boletín Oficial la semana pasada, establece la suspensión de las cooperativas y mutuales comprendidas en sus primeros seis anexos que no hayan cumplido con la presentación de la documentación correspondiente a los períodos incluidos en la norma. El organismo fundamentó la decisión en las leyes 20.337, que regula a las cooperativas, y 20.321, referida a las mutuales, además de resoluciones complementarias que establecen las obligaciones de presentación de documentación institucional y contable.

El argumento oficial es comprobar que las entidades funcionan regularmente, que sus asociados participan de las decisiones y que sus autoridades cumplen con las obligaciones previstas por la legislación. La resolución recuerda que las asambleas son instancias centrales de gobierno, porque permiten evaluar la gestión, considerar los estados contables y elegir a los responsables de la administración y la fiscalización. Sin embargo, pone en serio riesgo la continuidad de las organizaciones. La norma no dispone únicamente la presentación de documentación. También impide a las entidades suspendidas realizar trámites ante el INAES hasta que cumplan con los requisitos y ordena la apertura de actuaciones sumariales para determinar las medidas o sanciones que correspondan.

"Nosotros, por supuesto que compartimos la idea de la transparencia y compartimos la idea de que la documentación tiene que estar al día, pero tiene que haber algún tipo de propuesta, algún programa que simplifique el acceso a estos cumplimientos del INAES, cosa que no hay", señaló Onorato. El directivo contrapuso el procedimiento nacional con las herramientas que desarrolla el gobierno bonaerense para asistir a las instituciones. Según explicó, la provincia cuenta con los programas Cooperativas al Día y Clínicas de Cumplimiento Participativo, mediante los cuales convoca a las organizaciones que tienen documentación pendiente y las acompaña para que puedan completar los trámites necesarios.

"Hay una idea de fiscalización para sancionar, que es contraria a la que tenemos en Provincia de Buenos Aires, donde fiscalizamos para mantener la vitalidad de las instituciones", afirmó durante una charla con este medio. La diferencia no supone, en los términos planteados por el dirigente, desconocer las obligaciones legales de las cooperativas, sino discutir qué instrumentos utiliza el Estado para garantizar que puedan cumplirlas. En un contexto de caída del consumo, aumento de costos y dificultades para sostener la producción, la ausencia de asistencia administrativa puede transformar un incumplimiento formal en un problema que afecte la capacidad de funcionamiento de las entidades.

Las organizaciones cooperativas tienen estructuras y recursos muy diferentes entre sí. Mientras algunas cuentan con equipos administrativos capaces de responder a las exigencias de los organismos de control, otras deben resolver esas tareas con recursos limitados, al mismo tiempo que sostienen la actividad productiva y los ingresos de sus asociados.

Asfixia financiera a las provincias: $125.000 millones congelados en medio del ajuste

El presidente del IPAC aseguró, además, que el Tesoro nacional mantiene una deuda de 125.000 millones de pesos con las provincias en concepto de recursos destinados a políticas de promoción del cooperativismo, fondos que, según planteó, no son transferidos a las jurisdicciones que deben desarrollar esas acciones. "Por un lado, tenés una agenda de fiscalización para sancionar y un retraso de 125.000 millones de pesos que el Tesoro se apodera y que es para las provincias. De esta manera, ahogás económicamente a los organismos que pueden financiar a cooperativas y, por otro lado, tenés una política de reducción del padrón", sostuvo.

De esta forma, mientras se restringe la posibilidad de operar de miles de entidades por incumplimientos administrativos, los organismos provinciales que podrían ayudarlas a regularizar su situación carecen de recursos que deberían recibir para impulsar el sector. La combinación de ambas medidas da cuenta de la intencionalidad del gobierno libertario.

Las exigencias de documentación a las cooperativas y mutuales tienen consecuencias que van más allá de la situación registral de cada organización. Si una cooperativa necesita regularizar balances, actualizar su información institucional y completar presentaciones asamblearias, pero no dispone de asistencia técnica suficiente, las restricciones pueden prolongar su situación de incumplimiento. A la vez, la reducción de los recursos destinados a las políticas de promoción limita las posibilidades de desarrollar herramientas que permitan resolver esos problemas.

La resolución establece que las entidades suspendidas pueden recuperar su autorización para funcionar cuando presenten la documentación asamblearia adeudada y, cuando corresponda, realicen la Actualización Nacional de Datos y constituyan su Registro Legajo Multipropósito. En esos casos, el artículo 9 dispone que la suspensión quede automáticamente sin efecto, incluso si la regularización se produce durante la sustanciación del sumario.

¿Cuáles son los plazos para que las cooperativas regularicen su situación registral?

La normativa distingue entre organizaciones que ya fueron suspendidas y otras que todavía cuentan con un plazo para presentar la documentación. Para las cooperativas y mutuales inscriptas durante 2023 y 2024 que respondieron al relevamiento del INAES, pero que mantienen presentaciones pendientes, el plazo previsto es de 30 días hábiles administrativos. Para las entidades constituidas durante 2025 que no presentaron la documentación exigida, el plazo es de 60 días hábiles administrativos. Durante ese período, las organizaciones intimadas tienen restringida la posibilidad de efectuar peticiones administrativas que no estén vinculadas con el cumplimiento de las obligaciones pendientes, las acciones de fiscalización pública o los requerimientos del propio organismo. Si no cumplen con los plazos, la resolución dispone la suspensión automática de la autorización para funcionar y el inicio de actuaciones sumariales.

Con la nueva resolución, el organismo amplió el período bajo revisión para incorporar obligaciones pendientes entre el 1 de enero de 2023 y el 6 de agosto de 2026, o desde la fecha de inscripción cuando esta fuera posterior. El procedimiento combina suspensiones inmediatas, intimaciones con plazos determinados y sumarios administrativos. Onorato cuestionó la implementación concreta de la medida y sostuvo que existen casos que requieren una revisión.

Las contradicciones mileístas

Durante la entrevista, el directivo afirmó que hay 398 instituciones suspendidas cuya matrícula habría sido otorgada durante 2026, una situación que, según su planteo, evidencia problemas en la aplicación de los criterios administrativos. "Vos tenés 398 instituciones suspendidas a las que la matrícula les fue otorgada durante el 2026; por lo tanto, ahí ya hay un error en la implementación", sostuvo. El texto normativo establece, en sus artículos principales, criterios vinculados con las fechas de inscripción y los períodos de documentación adeudada, por lo que la situación de las organizaciones mencionadas debe analizarse individualmente para determinar si existe un error administrativo o una diferencia en la interpretación de los datos.

El planteo vuelve a señalar la importancia de que las medidas de fiscalización contemplen las circunstancias particulares de las organizaciones y permitan distinguir entre los incumplimientos persistentes, las dificultades para completar trámites y los posibles errores en la aplicación de los procedimientos. Para Onorato, el conflicto no puede separarse de la situación económica que atraviesa el país ni del lugar que ocupan las cooperativas en la generación de empleo. El dirigente sostuvo que el movimiento cooperativo mantiene vínculos con aproximadamente un tercio de la población argentina y advirtió que las restricciones pueden afectar a cientos de miles de personas que trabajan en organizaciones de ese tipo. "El movimiento cooperativo tiene una articulación con un tercio de la población a nivel nacional, es decir, vos rompés las instituciones, impedís el trabajo legal de cientos de miles de personas, por un lado", afirmó.

Las cooperativas tienen presencia en actividades productivas, prestación de servicios, economías regionales y experiencias de recuperación de empresas. En muchos casos, son una alternativa para sostener puestos de trabajo cuando una firma privada quiebra, cierra o abandona una unidad productiva. Los trabajadores que deciden continuar la actividad mediante una organización autogestionada deben afrontar, además de los desafíos comerciales, las obligaciones administrativas y contables propias de su estructura jurídica.

Esta medida tiene alugar, además, en un escenario en el que las pequeñas y medianas empresas enfrentan dificultades para sostener la producción y el empleo. Para el dirigente, las medidas adoptadas sobre las cooperativas forman parte de una orientación económica más amplia que reduce las herramientas disponibles para mantener actividades productivas y organizaciones de trabajo. Las cooperativas también sufren la crisis económica: cae el consumo, aumentan los costos y se hace cada vez más difícil sostener la producción y los ingresos", había señalado Onorato al cuestionar la decisión nacional.

Onorato vinculó la decisión del INAES con una posición política del Gobierno nacional frente al cooperativismo. Como parte de su argumentación, mencionó la votación de la Argentina en Naciones Unidas del 17 de diciembre de 2025, junto con Estados Unidos e Israel, en contra de una iniciativa vinculada con el modelo cooperativo durante el Año Internacional de las Cooperativas. "El gobierno nacional está en contra del modelo cooperativo porque en Naciones Unidas, el año 2025, más precisamente el 17 de diciembre, junto a Estados Unidos e Israel, votó en contra del modelo cooperativo cuando Naciones Unidas había definido al 2025 como el año internacional de las cooperativas", concluyó el directivo bonaerense.

El gobierno provincial anunció que pondrá a disposición sus equipos legales, de fiscalización y de registros para asistir a las cooperativas de la provincia que deban completar la documentación requerida. La intervención bonaerense busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones pendientes y evitar que los problemas administrativos deriven en consecuencias que afecten la actividad de las organizaciones y los ingresos de sus asociados.