El encuentro del 23 de julio se llamó “Libertad para el futuro: una agenda política por la libertad y la protección de la infancia”. Y estuvo rodeado de una semana con coloquios y capacitaciones para jóvenes, de la Fundación Faro, que dirige Agustín Laje, en el Círculo Militar y la Facultad de Derecho de la UBA.
El encuentro en la Legislatura, orientado a defender lo que sea que se entienda hoy como ‘familia tradicional’, fue impulsado por los legisladores oficialistas Nahuel Sotelo, Santiago Santurio, Joaquín Ojeda y Nicolás Mayoraz. También, funcionarios de Jorge Macri y legisladores provinciales. Estuvieron presentes la exvicepresidenta Gabriela Michetti y la senadora del PRO, Carmen Álvarez Rivero, el ministro de Desarrollo Humano de CABA, el pastor evangélico Gabriel Mraida, Cinthya Hotton.
Political Network for Values (PNFV) es una plataforma transnacional ultraconservadora creada por Jaime Mayor Oreja, exdiputado del Partido Popular de España. Entre 2022 y 2024, la PNFV fue liderada por el presidente de Chile, José Antonio Katz, quien dejó su lugar a actual directora, Lola Velarde, una referente ultraconservadora ligada a Vox.
En su origen, una fuente de financiamiento de la PNFV provenía de Viktor Orbán, ex presidente de Hungría. La PNFV ya tenía muchos contactos con Argentina y en los últimos años esas conexiones se hicieron más visibles a través de las acciones de la vicejefa del Gobierno de CABA Clara Muzzi. Desde la red PNFV dicen que no buscan incidir políticamente hacia el interior de los países, sino que “solo buscan generar condiciones para que sus valores se vuelvan hegemónicos”.
En el caso de Argentina, la intervención de la Red en alianza con LLA y el PRO tiene como principal blanco al aborto: harán todo lo posible para que la IVE deje de ser concebida como un derecho.
“Están todos los proyectos, hasta la máxima de dar vuelta la ley del aborto”, dijo después del encuentro Álvarez Rivero, senadora cordobesa cercana a Patricia Bullrich. La legisladora aseguró que existe una agenda para modificar políticas aprobadas durante las últimas dos décadas, pero que la derogación de la ley del aborto no depende solo del Congreso. “Para que esto se dé, se necesita que la sociedad lo trabaje y lo pida”, señaló.
Es decir, se necesitaría que la calle y la opinión pública acompañen una regresión de este tipo. Lo cual no parece fácil. Al menos por ahora, los consensos en torno a los derechos que los feminismos supieron instalar en Argentina, siguen en pie. De eso dan cuenta encuestas que vienen indagando los alcances y limitaciones de lo que el Gobierno llama batalla cultural. Por ejemplo Pulsar, el observatorio de opinión pública de la UBA, muestra que 7 de cada 10 argentinos siguen apoyando la existencia del matrimonio igualitario. Más de siete de cada diez personas consideran que aun falta trabajar en la igualdad de género. “En estos temas, la sociedad argentina se muestra culturalmente progresista y estable”, dice la encuesta.
En el estudio “Puntos de vista sobre género y derechos sexuales y reproductivos en Argentina”, del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), se ofrecen datos que desmontan la idea de que la sociedad argentina se volvió masivamente “antigénero”. El 23% cree que la violencia de género sigue siendo vista como el principal problema de las mujeres. Le siguen los abusos sexuales con otro 23%. Otros problemas son la violencia de género en la pareja —26%— y los abusos y la violencia sexual con un 31%.
El acceso a anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados reúne niveles de acuerdo superiores al 80%. Además, casi la mitad de las personas conoce a alguien que abortó. Cuando se consultó cuánto dinero debería invertir el Estado en asistencia a mujeres víctimas de violencia de género, casi la mitad de la población (49%) respondió que debería invertir “mucho”. Estos números indicarían que sigue habiendo apoyos altos a políticas asociadas a derechos sexuales e igualdad.